14 junio 2012

Que ha hecho detonar las protestas

La próxima semana se cumple un mes desde que ocho mineros se encerraran en una explotación de Santa Cruz del Sil, en León, para intentar forzar al Gobierno a enmendar los recortes presupuestarios al sector. Fue el principio de una protesta que ha salido de las cuencas para entrar, incluso, en el Congreso. 
¿Por qué estalla el conflicto? 

El detonante son los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que consagran un recorte del 63% en las ayudas a las explotaciones (111 millones, frente a los 301 consignados en 2011). El sector denuncia que el ministro de Industria, José Manuel Soria, incumple el calendario del Plan del Carbón, remitido por el anterior Gobierno socialista a Bruselas en 2011, según el cual la reducción de ayudas sería gradual: del 10% en 2012; del 15% en 2013, y del 25% en 2014. Soria defiende que no hay margen presupuestario y alega que «sigue literalmente el plan de cierre». 
¿Qué ayudas recibe el sector? 

En los PGE de 2011, la minería recibió alrededor de 1.000 millones, repartidos casi por igual en tres bloques: un tercio como ayudas a las explotaciones; otro para cubrir costes laborales (prejubilaciones), y el último para reactivación (nuevas empresas), infraestructuras, e innovación y becas. En los PGE de 2012, el Ministerio consigna para el sector 688 millones. Y la partida más tocada es la que nutre a las explotaciones. 
¿Qué dice Europa? 

El conflicto desatado en las cuencas es nacional (los fondos en juego son del Gobierno español). La Comisión Europea ya dictó sus normas vía reglamento en diciembre de 2010: autorizó ayudas a las minas hasta 2018, con una redu-cción progresiva hasta llegar a cero ese año y condicionó su percepción al cierre de las explotaciones. Fue la última palabra de la CE, después de la batalla liderada por España, Alemania y Rumanía para ampliar la prórroga de las ayudas. 
¿Qué supone el carbón en el mercado energético? 

Representa entre el 8% y el 10% de la generación eléctrica en España. Es, después de la energía nuclear y el gas, la tercera fuente por cobertura de demanda (17,7%). La producción de hulla y antracita se concentra sobre todo en Asturias, Castilla y León y, en menor medida, en Castilla-La Mancha. 
¿Y en términos de empleo? 

Genera 8.000 puestos de trabajo directos y otros 24.000 entre indirectos e inducidos, según la principal patronal del sector, Carbunión, del grupo Uminsa. 
¿Hay alguna solución? 
El sector representado en la Mesa del Carbón (patronales y sindicatos) se «conformaría» con que el Ministerio liberara para su ejecución este año el remanente de 186 millones del ejercicio presupuestario anterior. 
¿Qué consecuencias tendría el cierre de las minas? 

El sector afectado pone cifras: eleva el coste público del cierre sectorial a 6.250 millones entre 2012 y 2013, derivado, entre otros motivos, del cierre de empresas mineras y los gastos sociales (paro y prejubilaciones). Las consecuencias económicas y demográficas se agravarían para determinadas zonas de Asturias y Castilla y León. 
¿Qué argumentos esgrimen quienes defienden una minería subvencionada? 
Aseguran que por cada euro que recibe el sector, el erario público ingresa 3,31 por la vía de las retenciones del IRPF a las empresas, por impuestos como el IVA y el de Sociedades y por cotizaciones a la Seguridad Social de patronos y empleados.

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